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ONU condena muerte de la democracia en Venezuela

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La ONU se alineó con la multitud de países, bloques y organizaciones internacionales que denuncian el ascenso autoritario del gobierno de Nicolás Maduro, al señalar que la democracia venezolana “está apenas con vida”, y que la exacerbada represión de las protestas y la violación de los derechos humanos representan una estrategia deliberada del chavismo para sostenerse en el poder.

Así lo advirtió el titular de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Zeid Ra’ad al-Hussein, que denunció desde la sede de la ONU en Ginebra “la erosión” y “el aplastamiento” de la vida democrática en ese país.

Al-Hussein presentó un informe que coincide con las denuncias de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la mayoría de los países latinoamericanos, Estados Unidos y otras naciones y bloques regionales, que insisten en condenar el uso desmedido de la fuerza y el silenciamiento deliberado de la disidencia.

Según el reporte de la Acnudh, en base a entrevistas con víctimas de la represión, familiares, testigos y otros actores de la sociedad civil, la respuesta a las protestas sugiere “la existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”.

La investigación descarta así que la violencia ejercida contra los manifestantes sea el resultado de excesos individuales o de un celo irracional de policías, guardias nacionales y otras fuerzas en el frente de batalla, sino que conforma una estrategia de combate para imponer el silencio del terror y disuadir a los venezolanos descontentos de expresar su malestar abiertamente en las calles.

“El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, dijo la Acnudh en el informe.

Como confirmación de esa estrategia, el texto detalla un agravamiento progresivo del uso de la fuerza, como muestran las casi 2000 denuncias de lesiones vinculadas a las protestas presentadas ante el Ministerio Público. En los primeros días de las marchas, la mayoría de las denuncias estaban vinculadas a la inhalación de gases lacrimógenos. Para julio, sin embargo, la causa central de heridas y muertes eran las armas de fuego, que a esa altura las fuerzas de seguridad tenían menos restricciones para usar a discreción.

La violencia se materializó también en casos de tortura contra detenidos, como “la utilización de descargas eléctricas, fuertes palizas, posturas que causan estrés, asfixia y amenazas de violencia sexual y muerte, con el objetivo de castigar, humillar y aterrorizar a los detenidos, así como de extraer confesiones e información sobre presuntas actividades antigubernamentales”.

La Acnudh expresó además su preocupación por las medidas que criminalizan a los líderes de la oposición mediante la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, una máquina cazabrujas diseñada por la flamante Asamblea Constituyente, que anteayer adelantó que promoverá la apertura de juicios contra los dirigentes que a su entender favorecieron las sanciones financieras decretadas la semana pasada por Estados Unidos, y que prohíben a los bancos de ese país negociar bonos del gobierno venezolano y de la petrolera estatal Pdvsa.

A raíz de las sanciones, la agencia de calificación de riesgos Fitch rebajó ayer la nota de Venezuela a “CC” desde “CCC”, ante un “probable” default por los problemas de caja que tendrá el chavismo.

La administración de Donald Trump volvió a la carga al condenar ayer que la “ilegítima” Asamblea Constituyente abra juicios contra opositores e instó al gobierno de Maduro a disolver ese organismo, liberar a todos los presos políticos y realizar elecciones libres.

Acusado desde todos los ángulos, denunciado por países y organismos internacionales, Venezuela sólo atinó ayer a devolver el golpe a Francia tras las declaraciones de anteayer del presidente Emmanuel Macron, que calificó al régimen venezolano como una “dictadura”.

“Las afirmaciones del jefe de Estado francés develan un profundo desconocimiento de la realidad venezolana”, expresó la cancillería venezolana, que rechazó las expresiones “ofensivas e injerencistas”.

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