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Las claves que definen al gobierno de Maduro como una dictadura

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“Trancazo contra la dictadura”, ese fue el título de la convocatoria de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) a una marcha contra el gobierno de Nicolás Maduro que tuvo lugar el pasado 4 de julio en Venezuela, un día antes de la celebración de un día de la independencia signado por la irrupción violenta de chavistas en el Parlamento, con varios diputados heridos.

La palabra “dictadura” se convirtió para el discurso de la oposición en sinónimo del gobierno bolivariano desde hace ya varios años. Pero adquirió fuertes dimensiones internacionales a fines de marzo de este año cuando, con las calles de Caracas y otras grandes ciudades azotadas por protestas, el Tribunal Supremo de Justicia -controlada por el chavismo- emitió una sentencia en la que asumía las potestades de la Asamblea Nacional -dominada por la oposición pero declarada en desacato a principios de 2016 por el TSJ.

Líderes políticos de todas las filas alrededor del mundo se manifestaron en contra de lo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, no dudó en llamar “autogolpe de Estado”. Si bien tras la conmoción general, el TSJ decidió quitar los artículos más polémicos de la sentencia, la crisis política en Venezuela se agrava con cada día y cada acción de gobierno.

“Régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”, así define el diccionario de la Real Academia Española la palabra “dictadura”. Aquí los elementos claves que pueden llevar a definir al régimen bolivariano como dictatorial.

Concentración de poder

En Venezuela existen cinco poderes. A los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se le suman el Poder Electoral (que funciona solo en tiempo de elecciones) y el Poder Ciudadano (que es el pueblo sin ningún peso específico).

Uno de los poderes que cayó bajo pleno dominio del gobierno chavista fue el Poder Judicial.

De los 32 magistrados que conforman ese poder, apenas 11 fueron elegidos legalmente. El resto accedieron a su cargo sin las mayorías necesarias y el último día de la legislación anterior. Diputados del régimen se votaron a sí mismos para llegar a ese lugar, una estrategia de “respaldo” en caso que perdieran la elección legislativa, tal como terminó sucediendo. De esta manera el Tribunal Supremo de Justicia dejó de ser un poder independiente para transformarse en una herramienta al servicio del gobierno.

Desconocimiento del Parlamento

A principios de 2016 la oposición venezolana -que gozaba de mayoría en la Asamblea Nacional- accedió al pedido del Tribunal Supremo de Justicia de “desincorporar” a tres diputados de Amazonas para evitar que el TSJ considerara nulas todos los actos legislativos del Parlamento. Habría un nuevo llamado a elecciones para llenar esas tres bancas pero el Tribunal Electoral, que controla el chavismo, nunca llamó a elecciones.

De esta manera, la división republicana del poder, consagrada por la constitución venezolana perdió toda validez.

Intento de legitimación por la Constituyente

La asunción de poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil por parte de Nicolás Maduro no están previstas en la Constitución de Venezuela, la misma que fue redactada y aprobada durante el mandato del mismo Hugo Chávez.

Por eso, un intento de legitimación de su poder era inminente y llegó con la convocatoria a comienzos de mayo de este año a una Asamblea Constituyente, algo que no solo resultó inoportuno sino también ilegal.

Así lo proclamó la oposición desde el Parlamento, pero también varios abogados constitucionalistas como Allan Brewer Carías, corredactor de la Carta Magna de 1999. En entrevista con Univisión Brewer señaló que “según el texto de la Constitución, el único que puede convocar una Constituyente es el pueblo”, por eso en teoría para que exista una Asamblea Constituyente legítima primero tendría que haber un referéndum que así lo avale.

Además, las elecciones para formar la Asamblea Constituyente no respetan la el peso electoral de la oposición, y en cambio privilegian a sectores sociales claramente alineados con el chavismo.

Suspensión de elecciones

Al desconocimiento de las potestades del Legislativo, electo por voto popular en 2015, se le sumó la suspensión y aplazamiento de unas elecciones regionales que en principio estaban previstas para finales del año pasado.

Países y organismo han pedido a Venezuela en reiteradas ocasiones que se establezca un calendario electoral. Parte de la oposición reclama aún más y pide que se adelanten las elecciones generales que tendrían lugar en 2018.

A fines de mayo estos reclamos fueron respondidos y el Poder Electoral a través de Consejo Nacional Electoral, anunció que el 10 de diciembre de 2017 se realizarán las esperadas elecciones de gobernadores en toda Venezuela. El detalle es que este anuncio vino acompañado de otra fecha precisa: la de la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente, que tendrá lugar a finales de este mes.

Represión

“Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate, nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas, liberaríamos nuestra patria con las armas”, fueron las palabras pronunciada por Nicolás Maduro el pasado 27 de junio, después de que el militar disidente que atacó a sede del Supremo en un helicóptero.

Ese discurso resume la justificación ideológica que se le da desde el gobierno de Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a acciones que son fácilmente catalogables como represivos.

El que se encuentra explícito en la cita anterior es la convocatoria a milicias armadas para defender al gobierno, pero anterior a esto está el hecho de mantener una serie de presos que son considerados políticos, cuyo máximo exponente es Leopoldo López -puesto en prisión por incitación al desorden público en 2014-. También fueron presas personas que participaron en marchas opositoras al gobierno en varias ciudades venezolanas, que fueron adquiriendo un tenor cada vez más violento, tanto por parte de los manifestantes como por la represión militar. En total más de 70 personas murieron y muchas resultaron heridas por balas de goma, gases lacrimógenos, golpes y hasta prendidos fuego.

Persecución a fiscal

Otro nombre ligado con la censura que ha sonado más que nunca en los últimas semanas es el de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien ha manifestado en varias ocasiones su rechazo al madurismo. Chavista de larga data, sin embargo empezó a mostrar una postura cada vez más confrontativa a partir de que el Tribunal de Justicia decidió desconocer las decisiones del Parlamento, y luego llamó al gobierno a respetar y no perseguir las manifestaciones opositoras. El gobierno reaccionó persiguiéndola: no se le permite salir del país, se iniciaron varias investigaciones contra su gestión en la fiscalía y en algunos días enfrentará un juicio para su destitución.

Censura a los medios

Además de las personas, la censura a los medios de comunicación también existe bajo el gobierno de Maduro. Los casos más claros arrancaron en 2011, cuando el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez cerró el canal Globovisión. Luego, en 2014 el presidente Maduro quitó del aire el canal colombiano NTN24. Este año le tocó a la cadena estadounidense CNN, sobre la cual el presidente bolivariano sustuvo que era “un instrumento de guerra”.

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