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Guatemala: Batalla por expulsión de jefe ONU será en la Corte de Constitucionalidad

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Diversas reacciones se registraron después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió, mediante tres amparos provisionales,  la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar no grato al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y expulsarlo del país.

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells explicó que la resolución de la CC es clara al indicar que Velásquez no puede ser expulsado del país.

“Lo que yo saco del video —refiriéndose al mensaje presidencial emitido a las 15.30 horas— es de que el Presidente tiene una clara estrategia para generar especulación. Tiene un fallo clarísimo de la CC que debe respetar. Él tiene que cumplir. Cuando hay control constitucional, pues es la Corte la que determina lo que debe ocurrir”, afirmó.

Balsells agregó que el mandatario tiene razón al señalar que actúa con respaldo de la Carta Magna, porque allí se señalan las obligaciones que tiene la persona que ocupa la primera magistratura, quien es el responsable del Organismo Ejecutivo.

“La Constitución es tajante al decir que el Presidente es el responsable del Organismo Ejecutivo. La Constitución no puede ser entendida de manera aislada, sino en su contexto”, refirió el profesional.

El entrevistado destacó que el dignatario obvió emitir un pronunciamiento concreto sobre lo resuelto por el tribunal constitucional, que durante la tarde y noche otorgó dos amparos provisionales más a favor de Velásquez, solicitados por el abogado alfonso Carrillo, y Yuri Melini y Rafael Maldonado, de la  ambientalista Calas.

Agregó que el trámite podría tardar 35 a 40 días, pues será un tema prioritario. “Lo que es evidente es que hay divisíón de magistrados en la corte”

Institucionalidad

El abogado Francisco Vivar, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, consideró que la situación debe analizarse no solo por el anuncio que el mandatario hizo para expulsar a Velásquez, sino en el contexto en el que se desarrolla.

“La resolución del Presidente debe entenderse desde su concepción y —uno— se dará cuenta que es originada por la investigación contra —el partido— Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), partido del que él fue  secretario general. De la investigación se deriva un posible delito. Se respetó su derecho de defensa”, dijo.

Vivar manifestó que otra motivación para que el mandatario haya arremetido en contra de la permanencia del jefe de la Cicig en el país fue de tipo personal, contrario a lo señalado por el mandatario.

“Llama la atención cuando dice que responde a intereses de la nación. Por eso vemos que la CC emite amparo provisional y lo que hace es que ver que las circunstancias lo hacen aconsejable, y es que se trata de evitar un daño grave,  no reparable, como la salida del comisionado, y por eso lo suspende”, aseguró el abogado.

La Cicig también participa en una investigación que desarrollada por el Ministerio Público (MP), la cual involucra a José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera, hijo y hermano del mandatario, acusados  por supuestamente haber defraudado al Registro General de la Propiedad. Ambos enfrentarán juicio ante un tribunal de sentencia, con 22 personas más.

El profesional destacó que ante una eventual desobediencia de Morales, la Ley de Amparo, exhibición personal y constitucionalidad, contempla medidas para que se cumplan sus resoluciones.

“Se puede dar el escenario —que se no acate—, pero la Ley de Amparo contempla procedimiento, como medidas coercitivas, para que la CC ordene que la Policía Nacional Civil dé cumplimiento a lo ordenado”, finalizó.

Santiago Palomo, vocero de la CC, señaló que la corte ya emitió un pronunciamiento acerca del tema y que se espera que el mandatario y los funcionarios a su cargo, respeten el fallo. El mismo ordena a “la Ministra de Relaciones Exteriores, al Ministro de la Defensa Nacional, al Ministro de Gobernación y al Director General de la Policía Nacional Civil… que se abstengan de ejecutar la decisión del Presidente”.

“La resolución contiene los apercibimientos para que se acate la misma. Será el curso de los hechos, lo que determine qué acciones continuarían respecto del caso”, refirió el vocero.

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