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Colombia mantiene el plan antidrogas pese a la muerte de cocaleros

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Colombia seguirá adelante con su estrategia contra los cultivos ilegales, pese a una protesta de campesinos cocaleros que deja seis muertos y 19 heridos en una zona fronteriza con Ecuador, donde se concentra el mayor número de esos plantíos.

El presidente Juan Manuel Santos dijo que si bien su “prioridad” es que se investiguen los hechos que involucran presuntamente a la fuerza pública, no cejará en el empeño de que Colombia deje de ser el mayor productor y exportador mundial de cocaína.

El ejército y la policía culpan de la violencia a guerrilleros disidentes de las FARC que se apartaron del proceso de paz, mientras las comunidades campesinas denuncian que uniformados abrieron fuego el jueves contra los manifestantes que rechazaban la erradicación forzosa de los sembradíos.

En principio las autoridades anunciaron cuatro fallecidos y 14 heridos, pero según Santos en el confuso episodio “hay seis muertos y cerca de 19 heridos”.

Al lamentar y condenar lo sucedido, Santos ratificó que el gobierno seguirá con su estrategia contra las drogas que combina los acuerdos de sustitución voluntaria con la erradicación forzosa de cultivos.

“No vamos a permitir que ninguna organización criminal frustre una política que debe ser una política exitosa (…), recuperar la legalidad en todo el territorio nacional y de sustituir los cultivos de coca por cultivos lícitos”, expresó el mandatario en una declaración a la prensa en la casa de gobierno.

Presionado por Estados Unidos, el gobierno de Santos planea acabar este año con 100.000 hectáreas ilegales. Entre 2015 y 2016 los cultivos se dispararon en todo el país un 52% hasta sumar 146.000 hectáreas, y la producción de cocaína pasó de 646 a 866 toneladas de cocaína, según la ONU.

Cruce de versiones

Campesinos cocaleros en varios puntos del país se oponen a la eliminación de los narcocultivos por considerar insuficientes las ayudas económicas que ofrece el gobierno a cambio de que siembren productos lícitos.

Desde hace varios días comunidades de Tumaco, en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador, se manifiestan contra los planes de erradicación. El jueves la protesta recrudeció y derivó en la muerte de los campesinos.

Las juntas comunales agrupadas en la organización comunitaria Asominuma denunciaron en un comunicado que policías y militares dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes, y negaron la versión oficial según la cual los uniformados fueron agredidos con cilindros bomba y ráfagas de fusil.

“Ninguno de los uniformados ha resultado con lesiones ni con esquirlas ni con disparos de fusil y ametralladoras”, señalaron en su mensaje.

Diana Mantilla, activista de derechos humanos de Asominuma, señaló a la AFP que las fuerzas oficiales respondieron con fuego a los campesinos que se concentraban en la Zona de Alto Mira, en Tumaco.

Sin embargo, el general del ejército Luis Fernando Rojas aseguró a la radio que los manifestantes cercaron a las autoridades por presión de un grupo “residual” de guerrilleros al mando de un hombre identificado como “Guacho”.

Cuando desembarcaban tropas antidisturbios de apoyo, según el oficial, la población les agredió y “de la parte de atrás” de la protesta “se recibe disparos y ráfagas de ametralladora y el lanzamiento de bombas”.

Fue en ese momento en que al parecer caen los campesinos, que sufrieron “heridas de diferentes armas”, añadió Rojas.

ONU “urge” investigación

La gobernación de Nariño solicitó que organismos internacionales contribuyan a “agilizar la investigación judicial”, mientras Jean Arnault, jefe de la misión de la ONU en Colombia, lamentó los hechos y recalcó el “desafío tremendo que representa para la consolidación de la paz en Colombia el tema de las economías ilegales”.

“Ante la falta de claridad sobre los crímenes perpetrados ayer, la Oficina urge a que se investigue lo ocurrido y a que se juzgue y sancione a sus responsables”, indicó en un boletín la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Aun cuando recién se está verificando lo que sucedió, Santos confió en la inocencia de la fuerza pública al tiempo que anunció una recompensa de 51.000 dólares por información que conduzca a la captura de “Guacho” y alias “David”, considerados “objetivos de alto valor” para las fuerzas armadas.

Asimismo, anunció que el vicepresidente colombiano, el general retirado Óscar Naranjo, se instalará por unos días en Tumaco para retomar el control estatal de esta zona donde según estadísticas oficiales había más de 23.000 hectáreas de coca en 2016.

El gobierno de Santos ha relacionado el aumento de cultivos con el proceso de paz con el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC).

Los campesinos, de acuerdo con la versión oficial, se dedicaron a cultivar coca confiados en que podrían recibir luego las ayudas del Estado pactadas dentro de las negociaciones que culminaron en noviembre de 2016.

Bogotá suspendió igualmente la fumigación aérea con glifosato por considerarla nociva para la salud humana, tras lo cual Estados Unidos amenazó con descalificar a Colombia en la lucha antidrogas ante el aumento del narcotráfico.

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